Esta solicitud se detalla en las querellas con constitución en actor civil fueron presentadas ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, a través de su abogado apoderado, Miguel Valerio Jiminián.
En las instancias, se solicita que Martínez e Ingrid Jorge sean condenados al pago de 50 millones, de pesos cada uno, por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los delitos cometidos en su contra.
La ministra Raful sostiene que las declaraciones difamatorias e injuriosas vertidas por los comunicadores atentan directamente contra su integridad moral y la de su familia.
Las querellas también disponen la ejecución de todas las diligencias necesarias para culminar la investigación de los hechos, en conformidad con lo estipulado en los artículos 285 y 286 del Código Procesal Penal. Asimismo, la ministra Raful se reserva el derecho de aportar nuevas evidencias y añadir cargos contra Martínez y Jorge durante la fase preparatoria del proceso.
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