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Gobierno lanza ultimátum de tres meses a empresas que han contratado extranjeros de forma irregular


Se evitarán ingresos de extranjeros que representen cargas para el Estado, incluyendo embarazadas de seis meses o más

El Gobierno, a través del Consejo Nacional de Migración (CNM), emitió este martes una resolución en la que otorga un plazo de tres meses para que las empresas y empleadores que han contratado a extranjeros de forma irregulares lo hagan acorde a los estatutos basados en la Ley General de Migración.

Durante una sesión celebrada en el Palacio Nacional y encabezada por el presidente Luis Abinader, los miembros del CNM aprobaron el documento de forma unánime en el que advierten a las empresas, que una vez vencido el plazo, van a ejecutar las sanciones de acuerdo al artículo 132 de la Ley General de Migración, que impone multas de cinco a 30 salarios mínimos.

Jesús Vásquez (Chu), ministro de Interior y Policía y miembro del CNM, leyó el documento que señala que “el Estado tomará todas las medidas necesarias para evitar el ingreso de ciudadanos ilegales que impliquen una carga irrazonable para las finanzas públicas, incluyendo mujeres en estado de gestión, igual o posterior a los seis meses de embarazo”.null

Vásquez advirtió que Interior y Policía y el Ministerio de Trabajo van a vigilar los artículos 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que establece la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados (80 % dominicanos y hasta un 20 % de extranjeros) por una empresa o persona en particular.


Manifestó que todas las empresas o empleadores que requieran los servicios laborales de extranjeros deberán contratarlos de conformidad con los parámetros legales establecidos en la norma migratoria y laboral de la República Dominicana.

No citó las empresas ni las cantidad de extranjeros que laboran ilegalmente en el país.

Además del presidente de la República y el titular de Interior y Policía, el CNM está compuesto por los ministros de Trabajo, Defensa, Turismo, Obras Públicas, Salud Pública y Agricultura.

Además, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), y los presidentes de las comisiones de Interior y Policía del Senado, y de la Cámara de Diputados.

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