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34 años que no apresaban a funcionarios


Doctor Salvador Jorge Blanco nación en el año 1926 y murió en el 2010

Ahora se inicia el desmonte de la corrupción.

Por Marcelo Peralta

Santiago, R.D.-Debieron transcurrir 34 años y la llegada del presidente Luis Abinader para que el sistema judicial accionara contra alegados funcionarios vinculados a actos reñidos con la moral respecto al manejo de los recursos del pueblo.

Fue el día 7 de octubre del año 1986 cuando se inició la lucha contra la corrupción administrativa. 

En el año 1986, el abogado Marino Vinicio Castillo hizo la denuncia contra el presidente de la República y abogado Salvador Jorge Blanco y Manuel Antonio Cuervo Gómez pasado secretario de las Fuerzas Armadas, acusando a ambos de malversación de fondos.

Mientras que el día 23 de diciembre la Procuraduría General Dominicana le prohibió a Jorge Blanco salir al exterior, siendo luego condenado a 20 años de cárcel.

El proceso judicial contra Jorge Blanco inició al salir de la Presidencia tras su mandato del 1982 al 1986.

La querella contra el expresidente la presentó el doctor  Marino Vinicio Castillo y la  pieza acusatoria fue acogida por el fiscal del Distrito, el hoy Senador por Samaná, doctor Prim Pujals, que la remitió a la jueza de Instrucción de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, doctora Francisca Concepción Martínez (Conchita).

Mientras que el extriunviro doctor Ramón Tapia Espinal fue nombrado por el presidente Joaquín Balaguer representante del Estado en el juicio que fue definido como del siglo

A fines de noviembre el exmandatario fue arrestado y trasladado a la preventiva del ensanche La Fe, y una vez allí  pidió asilo político a la embajada de Venezuela, pero  la solicitud fue rechazada.

 Seis meses después,  estando interno en una clínica local afectado de complicaciones cardiacas  los médicos recomendaron  sus traslados a  Estados Unidos a recibir tratamiento especial.

El viaje fue autorizado por la procuradora general de la República, doctora Pura Luz Núñez.

Un  año después, el 16 de noviembre de 1988, estando recluido en un centro hospitalario de Atlanta,  en un juicio kilométrico y televisado Jorge Blanco  fue condenado a  20 años y al pago de una multa de 100 millones de pesos.

El gobernante  retornó al país  a fines de ese mes y apeló la sentencia del juez Juan Maria Severino. 

Un helicóptero oficial lo trasladó desde el Aeropuerto  Las Américas hasta  el  aeropuerto de Herrera, y de ahí a la cárcel La Fe.

El político   libró una batalla legal que culminó con la anulación de la sentencia a finales de 1989.

Luego de casi  dos años  Jorge Blanco  fue declarado culpable nuevamente y condenado a cumplir 20 años de prisión y a pagar una multa de 73 millones de pesos. Fue arrestado, pero solo permaneció dos meses en cárcel.

En el 2001, después de 19 años de apelación, Jorge Blanco consiguió la anulación de la sentencia de la Corte de Apelación y el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones contra el gobernante santiagués, que atribuyó  el origen del juicio a persecuciones políticas  de  Balaguer.

El expresidente y líder del Partido Reformista siempre negó tener responsabilidad en el caso contra Jorge Blanco.

A mediados de julio de 1988 Balaguer declaró a la prensa: He procedido desde el primer momento con absoluta imparcialidad.

Si estuviera detrás del proceso hace tiempo que hubiese terminado con los acusados en La Victoria (la cárcel), en vez de estar en el exterior.

El exgobernante perredeísta, en ese momento, se encontraba recluido en un hospital de Atlanta y también habían abandonado el  territorio dominicano José Michelén, exdirector de Inespre y Fulgencio Espinal, exsecretario de la Presidencia.

Lo que dijo Balaguer

De acuerdo al ex dirigente perredeísta Hatuey De Camps, en una ocasión el doctor Joaquín Balaguer le confío que el juicio contra Salvador Jorge Blanco fue de carácter político.

Sin embargo, la confesión del extinto líder reformista se produjo dos décadas después de que un tribunal condenara a Jorge Blanco a 20 años de prisión. Esta sentencia fue ratificada en apelación.

Pero 19 años después la Corte de Apelación anuló la sentencia y posteriormente el Estado retiró las acusaciones.

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