Los funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), cancelados la noche del miércoles por el Poder Ejecutivo, de ser sometidos a la justicia, podrían ser condenados de 10 a 20 años de prisión, como establecen las leyes de soborno, lavado de activos y el Código Penal.( Seguir leyendo…)